¡Qué doloroso ver las imágenes de nuestros hermanos indígenas baleados y con quemaduras graves, tirados en la carretera! ¡Qué doloroso! Después de haber dormido con ellos en esa misma carretera hace solo 8 días, después de haber compartido historias, un plato de sopa y mil esperanzas, esas imágenes no son sólo información: son una herida que sangra. Y al dolor se suman la ira y la cólera en contra de los responsables, y la frustración frente a la arrogancia de un Gobierno que no considera a los pueblos indígenas dignos de ser escuchados.
Las informaciones acerca de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en las dos Baguas y en las inmediaciones no son claras, pero hay una cosa que está clarísima: el Gobierno miente. Yehude Simon, Mercedes Cabanillas, Mauricio Mulder, Alan García mienten. Dicen que “sólo son tres indígenas muertos” mientras que “las víctimas” son los Policías “atacados” con “armas” de grueso calibre… ¡Qué vergüenza sus mentiras y qué vergüenza que la televisión solo sepa repetir sus mentiras! Aquí todos, indígenas y policías, son víctimas de un mismo victimario: el Gobierno, que en su necedad ha decidido imponer sus decretos iniciando una matanza de peruanos contra peruanos.
Seamos claros. La carretera Fernando Belaúnde estaba tomada desde el martes 26 por más de 3600 indígenas ubicados estratégicamente en una zona difícil, muy bien organizados y dispuestos a no moverse hasta obtener avances concretos en la solución a sus demandas. La DINOES tenía muy bien estudiada la situación, sobrevolaba de manera constante la zona usando helicópteros y se reunía casi diariamente con el Comité de Lucha. Cuando el Ministerio del Interior ha dado la orden de iniciar el desalojo, el general Uribe Altamirano tiene que haber explicado los detalles de la toma y el Ejecutivo tiene que haber autorizado el uso de este grado de violencia, incluyendo el uso indiscriminado de armas de fuego y la autorización para disparar al cuerpo y a matar. La DINOES no hubiera procedido de la forma en que lo ha hecho sin estar segura de que contaría con respaldo político.
Y este es el resultado: una matanza. Han muerto por lo menos 22 indígenas pero cruzando cifras y testimonios no debería sorprender que la cifra real llegue a superar los 50. Hay niños muertos con balas en el cuerpo. Hay cadáveres con quemaduras y hay testigos que aseguran que los cuerpos están siendo tirados al río Marañón. Hay decenas de detenidos cuya situación no se conoce. Hay heridos graves y muy graves y hay suficientes pruebas que demuestran que la Policía ha hecho un uso excesivo, brutal e innecesario de la fuerza.
Además, hay veinte policías muertos. ¡Por supuesto que es terrible! Once de ellos han muerto durante el enfrentamiento. Según han contado testigos del desalojo, los indígenas se enfrentaron cuerpo a cuerpo con efectivos policiales logrando arrebatarles sus armas o hiriéndoles con machetes y lanzas. Esas once muertes son tan dolorosas como las de los indígenas, y nunca hubieran ocurrido si el Gobierno hubiera optado por dialogar sin mecedoras. Pero no es posible olvidar que son muertes en un enfrentamiento, y era muy poco probable que quienes estaban siendo agredidos se quedaran sentados mirando cómo les disparaban con armas de fuego.
Muy distinto es lo que ha ocurrido en Kusú Grande, donde se ubica la Estación 6 del Oleoducto Norperuano que estaba cercada y cerrada desde el 23 de abril. Allí, 38 policías estaban destacados desde hacía semanas, pero se habían visto obligados a llegar a un acuerdo de convivencia con los más de 2 mil indígenas ubicados en la zona. El viernes, tras la masacre en Bagua, nueve de los policías han sido víctimas de la ira awajun. Es evidente que no se puede justificar desde ningún punto de vista este ojo por ojo. Sin embargo, no podemos dejar de decir que el Gobierno ha iniciado su barbarie SABIENDO que había 38 policías en minoría absoluta en la Estación 6 y que era muy probable que ellos sufrieran algún tipo de represalia. El Ejecutivo ha entregado la vida de esos muchachos a sabiendas de que si ocurría un desborde los indígenas perderían puntos frente a la opinión pública.
Hoy, el Gobierno le hecha la culpa de la violencia a los dirigentes. No puedo dejar de decir que lo que yo he visto con mis propios ojos es lo contrario: son los dirigentes quienes han tenido la capacidad de conducir la protesta dentro de los márgenes del respeto a los derechos humanos. He sido testigo directo de cómo una ancha capa de dirigentes de mucha calidad humana, muchos de ellos profesionales, explicaban una y otra vez en cada asamblea y en cada reunión que la lucha debía respetar los derechos humanos, que sólo podrían triunfar si la protesta era pacífica y que si se volvía violenta sin duda serían derrotados. Así, han controlado durante 56 días posturas más radicales y han realizado acciones masivas y contundentes, como el cierre del flujo de petróleo y el corte de carreteras, pero siempre de manera pacífica. Ahora, el Gobierno ha forzado al caos, ha matado, herido y obligado a esconderse a muchos dirigentes y ha dejado un movimiento masivo y frustrado sin dirección política. Obviamente, las consecuencias son impredecibles, y por eso AIDESEP parece haber tomado la decisión prudente de replegar las protestas mientras se aclara el panorama.
El Gobierno se ha manchado las manos de sangre de manera brutal. Solo encuentro una salida política y una demanda posible: destitución, juicio y sanción a los responsables. ¡Por dios! Acabamos de conseguir que Fujimori sea condenado a 25 años por matar personas para imponer la razón de Estado. ¿Nunca vamos a aprender? ¿Vamos a tolerar ser gobernados por un criminal?
No quiero dejar pasar el fondo del asunto. La “protesta irracional” de los indígenas está respaldada por tres informes de comisiones del Congreso, un informe de la Defensoría del Pueblo, un informe de una comisión de expertos de la OIT y numerosos informes privados. No hay aquí “terroristas”, “ignorantes”, “manipulados” ni “títeres”: hay un pueblo convencido de que el Estado quiere imponer mediante los decretos cuestionados la explotación irracional y agresiva de los recursos de sus territorios, y ese convencimiento está suficientemente sustentado legal y técnicamente. La ignorancia es la del Gobierno, que cree que puede imponer su punto de vista y mentir descaradamente y que los peruanos nos quedaremos tranquilos.
Hace nueve noches, Roberto, un awajun de la cuenca del Santiago, me contaba las historias que a él le habían contado los viejos de la comunidad acerca de cómo diversos personajes de la naturaleza lucharon con ingenio para vencer a los hombres antiguos que comían a otros hombres. “Así estamos nosotros ahora, luchando por defender la vida pero con inteligencia, no con la fuerza”. Eso es lo que nuestros hermanos han estado haciendo por nosotros: luchando por defender la vida, defender la selva amazónica de una agresiva transformación pro-empresarial. Ahora no sé si Roberto, Leonidas,el apu Oscar, Ricardo y otros hermanos con los que compartimos esa noche de lucha siguen vivos, están heridos o dónde se encuentran. Pero lo que sí sé es que ellos o sus hermanos seguirán luchando en contra de los “decretos del hortelano” y por construir un Perú en el que su visión acerca del “desarrollo” sea escuchada y valorada.
Las informaciones acerca de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en las dos Baguas y en las inmediaciones no son claras, pero hay una cosa que está clarísima: el Gobierno miente. Yehude Simon, Mercedes Cabanillas, Mauricio Mulder, Alan García mienten. Dicen que “sólo son tres indígenas muertos” mientras que “las víctimas” son los Policías “atacados” con “armas” de grueso calibre… ¡Qué vergüenza sus mentiras y qué vergüenza que la televisión solo sepa repetir sus mentiras! Aquí todos, indígenas y policías, son víctimas de un mismo victimario: el Gobierno, que en su necedad ha decidido imponer sus decretos iniciando una matanza de peruanos contra peruanos.
Seamos claros. La carretera Fernando Belaúnde estaba tomada desde el martes 26 por más de 3600 indígenas ubicados estratégicamente en una zona difícil, muy bien organizados y dispuestos a no moverse hasta obtener avances concretos en la solución a sus demandas. La DINOES tenía muy bien estudiada la situación, sobrevolaba de manera constante la zona usando helicópteros y se reunía casi diariamente con el Comité de Lucha. Cuando el Ministerio del Interior ha dado la orden de iniciar el desalojo, el general Uribe Altamirano tiene que haber explicado los detalles de la toma y el Ejecutivo tiene que haber autorizado el uso de este grado de violencia, incluyendo el uso indiscriminado de armas de fuego y la autorización para disparar al cuerpo y a matar. La DINOES no hubiera procedido de la forma en que lo ha hecho sin estar segura de que contaría con respaldo político.
Y este es el resultado: una matanza. Han muerto por lo menos 22 indígenas pero cruzando cifras y testimonios no debería sorprender que la cifra real llegue a superar los 50. Hay niños muertos con balas en el cuerpo. Hay cadáveres con quemaduras y hay testigos que aseguran que los cuerpos están siendo tirados al río Marañón. Hay decenas de detenidos cuya situación no se conoce. Hay heridos graves y muy graves y hay suficientes pruebas que demuestran que la Policía ha hecho un uso excesivo, brutal e innecesario de la fuerza.
Además, hay veinte policías muertos. ¡Por supuesto que es terrible! Once de ellos han muerto durante el enfrentamiento. Según han contado testigos del desalojo, los indígenas se enfrentaron cuerpo a cuerpo con efectivos policiales logrando arrebatarles sus armas o hiriéndoles con machetes y lanzas. Esas once muertes son tan dolorosas como las de los indígenas, y nunca hubieran ocurrido si el Gobierno hubiera optado por dialogar sin mecedoras. Pero no es posible olvidar que son muertes en un enfrentamiento, y era muy poco probable que quienes estaban siendo agredidos se quedaran sentados mirando cómo les disparaban con armas de fuego.
Muy distinto es lo que ha ocurrido en Kusú Grande, donde se ubica la Estación 6 del Oleoducto Norperuano que estaba cercada y cerrada desde el 23 de abril. Allí, 38 policías estaban destacados desde hacía semanas, pero se habían visto obligados a llegar a un acuerdo de convivencia con los más de 2 mil indígenas ubicados en la zona. El viernes, tras la masacre en Bagua, nueve de los policías han sido víctimas de la ira awajun. Es evidente que no se puede justificar desde ningún punto de vista este ojo por ojo. Sin embargo, no podemos dejar de decir que el Gobierno ha iniciado su barbarie SABIENDO que había 38 policías en minoría absoluta en la Estación 6 y que era muy probable que ellos sufrieran algún tipo de represalia. El Ejecutivo ha entregado la vida de esos muchachos a sabiendas de que si ocurría un desborde los indígenas perderían puntos frente a la opinión pública.
Hoy, el Gobierno le hecha la culpa de la violencia a los dirigentes. No puedo dejar de decir que lo que yo he visto con mis propios ojos es lo contrario: son los dirigentes quienes han tenido la capacidad de conducir la protesta dentro de los márgenes del respeto a los derechos humanos. He sido testigo directo de cómo una ancha capa de dirigentes de mucha calidad humana, muchos de ellos profesionales, explicaban una y otra vez en cada asamblea y en cada reunión que la lucha debía respetar los derechos humanos, que sólo podrían triunfar si la protesta era pacífica y que si se volvía violenta sin duda serían derrotados. Así, han controlado durante 56 días posturas más radicales y han realizado acciones masivas y contundentes, como el cierre del flujo de petróleo y el corte de carreteras, pero siempre de manera pacífica. Ahora, el Gobierno ha forzado al caos, ha matado, herido y obligado a esconderse a muchos dirigentes y ha dejado un movimiento masivo y frustrado sin dirección política. Obviamente, las consecuencias son impredecibles, y por eso AIDESEP parece haber tomado la decisión prudente de replegar las protestas mientras se aclara el panorama.
El Gobierno se ha manchado las manos de sangre de manera brutal. Solo encuentro una salida política y una demanda posible: destitución, juicio y sanción a los responsables. ¡Por dios! Acabamos de conseguir que Fujimori sea condenado a 25 años por matar personas para imponer la razón de Estado. ¿Nunca vamos a aprender? ¿Vamos a tolerar ser gobernados por un criminal?
No quiero dejar pasar el fondo del asunto. La “protesta irracional” de los indígenas está respaldada por tres informes de comisiones del Congreso, un informe de la Defensoría del Pueblo, un informe de una comisión de expertos de la OIT y numerosos informes privados. No hay aquí “terroristas”, “ignorantes”, “manipulados” ni “títeres”: hay un pueblo convencido de que el Estado quiere imponer mediante los decretos cuestionados la explotación irracional y agresiva de los recursos de sus territorios, y ese convencimiento está suficientemente sustentado legal y técnicamente. La ignorancia es la del Gobierno, que cree que puede imponer su punto de vista y mentir descaradamente y que los peruanos nos quedaremos tranquilos.
Hace nueve noches, Roberto, un awajun de la cuenca del Santiago, me contaba las historias que a él le habían contado los viejos de la comunidad acerca de cómo diversos personajes de la naturaleza lucharon con ingenio para vencer a los hombres antiguos que comían a otros hombres. “Así estamos nosotros ahora, luchando por defender la vida pero con inteligencia, no con la fuerza”. Eso es lo que nuestros hermanos han estado haciendo por nosotros: luchando por defender la vida, defender la selva amazónica de una agresiva transformación pro-empresarial. Ahora no sé si Roberto, Leonidas,el apu Oscar, Ricardo y otros hermanos con los que compartimos esa noche de lucha siguen vivos, están heridos o dónde se encuentran. Pero lo que sí sé es que ellos o sus hermanos seguirán luchando en contra de los “decretos del hortelano” y por construir un Perú en el que su visión acerca del “desarrollo” sea escuchada y valorada.
